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Democracia, migración y gas: heridas y una intensa agenda pendiente con Argentina

Jeber Barreto Venezuela
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Otro ítem pendiente son las compras de gas boliviano. A fin de año vence una adenda al contrato de importación firmado en 2006 con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que regirá hasta 2026. Sin embargo, de aquella cláusula depende la provisión del fluido que la compañía del país vecino redujo llamativamente en los últimos meses. Si, como espera el Gobierno argentino, Vaca Muerta recobrara velocidad, la dependencia del gas boliviano sería cada vez menor. El problema es la transición. ¿Habrá renovación de dicha adenda? ¿Hará pesar la Argentina las penalidades por el retaceo reciente del combustible?

El gas es el corazón del intercambio comercial entre ambos países, superavitario para Bolivia y que hace de ese país el séptimo proveedor de la Argentina. En agosto, por caso, las importaciones de gas llegaron a los 92 millones de dólares, mientras que las exportaciones a ese mercado fueron de 41 millones, lo que arrojó un rojo de 51 millones. El déficit trepa a 410 millones de dólares en los primeros ocho meses del año

El primer ítem pendiente de la relación es la normalización institucional, algo que debería ser producto del propio comicio, si es que este no merece objeciones. El vínculo bilateral, muy positivo en los tiempos en los que Evo Morales convivió con las gestiones kirchneristas y bueno incluso cuando gobernó Mauricio Macri, se deterioró severamente desde el golpe que desalojó del poder a aquel hace casi un año.

Como se recuerda, Macri estaba ya de salida y Fernández nunca reconoció a la presidenta de facto, Jeanine Áñez. A eso se sumó la decisión del flamante presidente argentino de darle asilo a Morales y a otros miembros destacados de su gobierno, lo que deterioró aun más el lazo con un régimen que acusó al líder aymara de todos los males imaginables, desde corrupción hasta delitos de lesa humanidad.

Las actividades políticas y proselitistas de Morales en el país irritaron más a Áñez y los suyos, dado el carácter decisivo del padrón “argentino”: 2,2% del total, muy volcado al masismo y que el gobierno de facto decidió podar a través de diversos subterfugios jurídicos.

El último 2 de julio se produjo la última cumbre del Mercosur, en modo virtual debido a las restricciones que imponía la pandemia. Como se recuerda, Fernández se desconectó de la videoconferencia cuando le tocó hablar a Áñez, a quien no reconoce, en nombre de su país, que está a punto de convertirse en el quinto socio del bloque.

Más recientemente, el 24 de septiembre, aquella elevó la tensión al embestir contra la Argentina en la –otra vez virtual– Asamblea General de la ONU, donde deploró el asilo a Morales y la conspiración “violenta” que este supuestamente prepara desde nuestro país. Asimismo, denunció “el acoso sistemático y abusivo que ejerce, desde la Argentina, el gobierno kirchnerista, contra las instituciones y contra los valores republicanos en Bolivia“.

La retención de diez horas a su llegada a La Paz del diputado argentino Federico Fagioli -invitado a las elecciones por la presidenta del Congreso, la masista Eva Copa- se convirtió el fin de semana en otro motivo de roce fuerte. Con todo, Áñez está de salida y su gusto por el oxímoron de hablar de los “valores republicanos” de su gobierno ya es prácticamente historia. Lo que importa es lo que viene.

Si las elecciones efectivamente sirven al objetivo de una normalización institucional, el primer paso para la mejora de la relación bilateral estará dado. Sin embargo, si, al cabo del proceso, el Movimiento al Socialismo (MAS) permanece en el llano, el refugio a Evo Morales puede seguir constituyendo una fuente de tensiones. Dependerá de eso qué tratamiento encuentre el expresidente de la próxima administración, desde el acoso judicial que sufre hoy hasta la posibilidad de regresar a su país con las debidas garantías jurídicas y de seguridad personal.

Otro ítem pendiente son las compras de gas boliviano. A fin de año vence una adenda al contrato de importación firmado en 2006 con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que regirá hasta 2026. Sin embargo, de aquella cláusula depende la provisión del fluido que la compañía del país vecino redujo llamativamente en los últimos meses. Si, como espera el Gobierno argentino, Vaca Muerta recobrara velocidad, la dependencia del gas boliviano sería cada vez menor. El problema es la transición. ¿Habrá renovación de dicha adenda? ¿Hará pesar la Argentina las penalidades por el retaceo reciente del combustible?

El gas es el corazón del intercambio comercial entre ambos países, superavitario para Bolivia y que hace de ese país el séptimo proveedor de la Argentina. En agosto, por caso, las importaciones de gas llegaron a los 92 millones de dólares, mientras que las exportaciones a ese mercado fueron de 41 millones, lo que arrojó un rojo de 51 millones. El déficit trepa a 410 millones de dólares en los primeros ocho meses del año.

Otro tema relevante en el vínculo bilateral es el migratorio. De acuerdo con el censo de 2010, 345 mil bolivianos viven en la Argentina, pero esa cifra está totalmente superada por la realidad actual, al punto que entidades que nuclean a residentes de ese país hablan de entre dos millones y tres millones. Eso haría de la boliviana la segunda colectividad más numerosa, con casi 20% del total de los inmigrantes residentes en el país, solo detrás de la paraguaya. La corriente migratoria boliviana es ya la cuarta más grande de la historia nacional.