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Ganancias de trabajadores centroamericanos en EEUU se convierten en arma política

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Augusta Godínez Pérez contempla una fotografía de su familia reunida alrededor de su vieja casa de adobe, tomada cuando sus hijos eran pequeños. “Yo dije: ‘Dios, dame una casa’. Eso es lo que anhelaba”, ella recordó. “Vivíamos en una casita triste. A veces sólo teníamos lo suficiente para café y tortillas”, ella explicó.

En la actualidad, su casa pintada de blanco tiene ocho habitaciones; un patio delantero lleno de flores; un televisor gigante de pantalla plana; una bañera ovalada; y una cocina con un refrigerador nuevo, todo gracias a uno de los muchachos en la imagen, y a otro hijo, cuyas ganancias de trabajos de construcción en EEUU pagaron por todo.

Ésta es una de las muchas “casas de remesas” que salpican las laderas de Cuilco, en las tierras altas de Guatemala. Estas casas son fáciles de detectar: la mayoría de los hogares en esta área rural, donde la gente se gana la vida cultivando maíz y frijoles, son de grises bloques con techos de hojalata. Las pagadas con dólares estadounidenses de los migrantes son mansiones pintadas en tonos de verde, naranja, azul y amarillo, con arcos, ventanales y balcones.

La familia no es la única que se beneficia del dinero que envían los familiares que trabajan en el extranjero: las remesas se han convertido en una parte importante de la economía de Centroamérica. En las naciones del Triángulo Norte — Guatemala, Honduras y El Salvador — el 15 por ciento del producto interno bruto (PIB) provino de las remesas familiares en 2018, según cifras del Banco Mundial.

Seynabou Sakho, la directora del Banco Mundial para Centroamérica, señaló que las remesas a la región “han alimentado el consumo interno, lo cual ha sido un enorme componente del crecimiento económico”.

Pero a medida que aumentan las tensiones políticas entre los países centroamericanos y EEUU, los flujos de efectivo se están viendo atrapados en la línea de fuego. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha comenzado a utilizar las remesas como un arma política; en julio, él amenazó a Guatemala con que, a menos que aceptara actuar como un ‘tercer país seguro’ para los refugiados, él impondría impuestos sobre el dinero que sus ciudadanos en EEUU envían a sus hogares.

Y la represión del Sr. Trump contra los migrantes en EEUU ha afectado los bolsillos de sus familias.

Carlos Mauricio, un taxista en El Salvador, dijo que su hija en EEUU ya no se atrevía a ir a trabajar por miedo a las redadas de inmigración. Su hijo, quien estableció un negocio de transporte por camiones en EEUU, “ha hecho lo imposible para pasar desapercibido”. Pero, mientras que él solía enviar a casa US$250 al mes — una cuarta parte de su salario —, ahora sólo envía entre US$100 y US$150.

Carlos, de 61 años, y su esposa — quienes están criando al hijo de cinco años de su hija — han abandonado su sueño de construir un segundo piso en su hogar en la capital, San Salvador. También tuvieron que deshacerse del ‘lujo’ de comer pollo frito en Pollo Campero, una reconocida cadena centroamericana.

La precariedad del mercado laboral en Centroamérica significa que un sinnúmero de personas sienten que cuentan con pocas opciones excepto viajar hacia el norte para encontrar empleo. Manuel Orozco, un director del grupo de estudios Inter-American Dialogue, señaló que la migración “representa un problema menos para los gobiernos del Triángulo del Norte. La región tiene un modelo de creación de empleo muy mediocre y existe una oportunidad en dejar que la gente se vaya al extranjero”.

Y, si regresan al país, a menudo encuentran pocas oportunidades para mantenerlos allí.

Oscar — un inmigrante ilegal de la ciudad costera hondureña de La Ceiba que no quiso dar su nombre completo — había vivido en Texas durante casi una década, enviándoles dólares a su madre y a sus hijos en Honduras, cuando la policía lo detuvo en octubre pasado. Él no pudo pagar la fianza necesaria de US$10,000. “Tuve que pedir que me deportaran”, él dijo.

De vuelta en casa, el hombre de 45 años alquiló un taxi pero, durante su primer viaje, le dijeron que tenía que pagarles “una cuota” de 500 lempiras (US$20) por semana — un cuarto de su salario — a las pandillas locales.

“Me di cuenta de que si no podía pagar, me matarían. Sería mejor migrar de nuevo”, él comentó. Ahora él vive en un refugio para migrantes en la Ciudad de México, y no puede permitirse enviar dinero a casa.

Bajo la presión de EEUU, México ha tomado enérgicas medidas contra los flujos de migrantes, y está tratando de proporcionar alternativas para el flujo de personas que se dirigen al norte, como Oscar.

Aunque el propio México depende, en gran medida, de las remesas — el año pasado se envió una cantidad récord de US$35.7 mil millones, un 11 por ciento más que en 2017 —, está encabezando los esfuerzos regionales para crear empleos. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, está financiando la implementación de dos programas: el aprendizaje remunerado y la plantación de árboles.

“No se puede reducir la migración a cero de la noche a la mañana pero definitivamente se puede hacer una diferencia significativa a corto plazo si se invierte en los lugares de donde parten estas personas, particularmente en las zonas rurales”, comentó Julio Berdegué, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés). “Necesitamos invertir en estas personas”, agregó el Sr. Berdegué.

Pero tales estrategias parecen estar a un mundo de distancia de Cuilco.

Abigail Pérez Méndez, un trabajador que está terminando una casa de remesas por un pago diario de 50 quetzales (US$6.50), dijo que su trabajo era “construir una casa hermosa para que otras personas se decidan a ir a EEUU para mantener a sus familias y crear empleos de obras de construcción de vuelta en Guatemala“.

Y, para la Sra. Godínez Pérez, su casa de 1 millón de quetzales (US$130,000) es un símbolo de estatus.

“Esta casa tan hermosa me hace sentir orgullo de que mis hijos estén allá”, ella dijo. “Todos querrían eso”, agregó.

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