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El Estado debe amparar a los jueces y fiscales en Catalu�a

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Uno de los principales lastres de la acci�n del Estado en Catalu�a es no haber atendido la sensaci�n orfandad del grueso de la ciudadan�a catalana ante la hoja de ruta secesionista perpetrada por el soberanismo. Esta falta de reflejos se convierte ahora en lacerante ante el desamparo que sienten los jueces y fiscales que ejercen en esta comunidad. El alud del centenar de causas abiertas a ra�z del refer�ndum ilegal del 1-O ha colmado la paciencia de los magistrados , cuya denuncia de desprotecci�n debe ser atendida de inmediato por parte de las autoridades del Estado, empezando por el Gobierno. Resulta del todo punto inadmisible que, en pleno desaf�o golpista, los encargados de administrar Justicia en Catalu�a se encuentren sin la protecci�n adecuada y sin los medios suficientes para atender la demanda de trabajo.

El ataque al Estado de derecho ha sido una constante en el independentismo desde que arranc� el proc�s . Tanto las formaciones soberanistas como las bases m�s radicales de este movimiento no han tenido reparos en coaccionar al poder judicial . El objetivo pasa por deslegitimar a Espa�a como una democracia con declaraciones inaceptables, poniendo en duda las garant�as procesales, desobedeciendo sentencias y resoluciones, intentando impedir registros judiciales -tal como ocurri� el 20 de septiembre de 2017 en la Consejer�a de Econom�a- y promoviendo algaradas a las puertas de los tribunales. A�n hoy, pese al fracaso de la estrategia de Puigdemont a la hora de socavar el prestigio de la Justicia espa�ola en el exterior, los l�deres independentistas contin�an arremetiendo contra el Supremo y el resto de tribunales encargados de frenar la secesi�n. Todo ello ha conformado, tal como revelamos hoy, un clima de presi�n insoportable que ha llevado a 26 magistrados a irse de Catalu�a desde 2016 . De ellos, s�lo ocho fueron sustituidos, por lo que esta comunidad dispone ahora de 18 jueces menos.

Los jueces y fiscales de Catalu�a, cuyo papel hace un a�o fue determinante en la defensa del Estado de derecho y el orden constitucional, se sienten solos y sin la capacidad log�stica adecuada. Han visto atacado su trabajo, han recibido coacciones de toda �ndole y las sedes judiciales reciben ataques constantes. En consecuencia, el Estado debe poner coto a esta situaci�n habilitando los recursos precisos, ya sean de car�cter econ�mico -implementando un complemento de destino por circunstancias especiales- o en lo que ata�e a recursos humanos.

El Gobierno no puede consentir que el Poder Judicial se debilite en Catalu�a , m�xime teniendo en cuenta que el �rdago secesionista no ha sido embridado. Urge, por tanto, que el Ejecutivo de Pedro S�nchez movilice los medios necesarios a fin de amparar, proteger y garantizar el imprescindible trabajo que realizan jueces y fiscales de Catalu�a.

Alejandro Montenegro